Caracas (Notimex).- El gobierno de Venezuela se deslindó el jueves de toda responsabilidad por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito, tras una prolongada huelga de hambre, y afirmó que éste se autoflageló por oponerse a las políticas oficiales.
“Desde el año 2005 el ciudadano Franklin Brito comenzó a usar el recurso de huelga de hambre y autoflagelación. Nunca hubo una violación a sus derechos civiles, económicos o sociales”, aseveró en rueda de prensa el vicepresidente venezolano Elías Jaua.
Explicó que el gobierno nunca violó los derechos humanos, económicos y sociales de Brito, cuyas demandas por la expropiación de sus tierras “no encajaban” en el esquema legal venezolano.
Brito, de 49 años, murió el lunes pasado en el Hospital Militar, donde el gobierno lo internó contra su voluntad -mediante una orden judicial- tras una huelga de hambre y sed frente a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.
El productor agropecuario intentaba que el gobierno reconociera la propiedad de sus tierras con documentos legales y le indemnizara por la ilegal confiscación.
Desde 2003 Brito realizó ocho huelgas de hambre, la última incluyó la de sed, se llegó a cercenar un dedo -ante medios de comunicación- y se negó a recibir una eventual atención del gobierno, si se le negaban los documentos que acreditaran su propiedad de las tierras.
Sus abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazan que el gobierno pueda desconocer su responsabilidad en el caso, ya que Brito fue recluido bajo el régimen de custodia oficial.
Dirigentes de oposición señalaron que la posición de Brito fue en defensa de la propiedad privada y recalcaron que éste nunca obtuvo respuestas a sus reclamos.
El vicepresidente Jaua negó que las tierras y la pequeña finca de Brito en el sureño estado Bolívar hayan sido expropiadas por el gobierno, por lo que afirmó que su protesta carecía de sustento legal.
Señaló que el gobierno hizo todo lo posible por preservar su vida, y además acordó darle un compensación monetaria, pero sostuvo que el agricultor se negó a aceptarlas y en su lugar presentó varias demandas ante la justicia.
También rechazó cualquier tipo de responsabilidad en la muerte de Brito por parte de las instituciones del Estado que tuvieron relación con el caso, como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General.
“La Fiscalía actuó en todo momento para preservarle la vida, para evitar que se muriera
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