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Publicado el 12-31-2004
Reportero: Por Ananda Shorey

Juez Allana Camino a Iniciativa para Negar Servicios a Ilegales

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Por Ananda Shorey
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TUCSON, Arizona (AP) _ Un juez allanó el camino para que una iniciativa aprobada por los votantes se pueda convertir en ley y se nieguen servicios públicos a inmigrantes ilegales.

El juez David C. Bury negó una petición de suspensión inicial y levantó una orden temporal de restricción que otorgó el 30 de noviembre en respuesta a una demanda presentada por el Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano Americano.

"Nosotros sólo esperábamos contra toda esperanza de que la justicia se cumpliría, y así fue", señaló Kathy McKee una de las principales promotoras de la iniciativa.

Sin embargo, los opositores anunciaron que apelarán.

La iniciativa, conocida como la Propuesta 200, exige que se pida un documento de estatus migratorio para que las personas obtengan algunos servicios gubernamentales, así como prueba de ciudadanía cuando se registren para votar.

Los trabajadores gubernamentales que no informen sobre inmigrantes ilegales que soliciten estos beneficios podrían ser encarcelados y multados.

Los simpatizantes de la medida indicaron que se había pensado para ponerle un límite a la inmigración ilegal a Arizona, que es el punto fronterizo donde se registran más ingresos de inmigrantes ilegales a lo largo de toda la frontera.

La gobernadora Janet Napolitano, quien se opuso a la medida durante su campaña, firmó una proclama que le da efecto a la iniciativa, pero prohibió su aplicación en cuanto a las cláusulas de servicios públicos hasta que el juez Bury tomara una decisión.

En su declaración, el procurador general Terry Godard afirmó que "la corte ha tomado su decisión y ahora el estado podrá avanzar e implementar la voluntad de los votantes".

La demanda por parte del grupo de defensa legal argumentó que la iniciativa usurpa el poder del gobierno federal en temas de inmigración y naturalización.

El grupo señaló que la medida dañará a las familias que dependen de los servicios públicos para cubrir necesidades básicas y potencialmente podría marginarlos de todos los servicios estatales.

Sin embargo, la medida no está planeada para afectar a los servicios que provee el gobierno federal.





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