Oficina de Prensa U.S. Department of Homeland Security
(Washington, DC) 10 de agosto de 2004 – El Vicesecretario de Seguridad de Fronteras y Transportes del Departamento de Seguridad Nacional, Asa Hutchinson, ha anunciado hoy los planes de expansión del control de las fronteras de Estados Unidos por medio del aumento de la utilización de la legislación de inmigración para combatir la entrada ilegal en los puertos de entrada a la vez que se facilita el viaje para los visitantes mexicanos legales.
Esto se logrará de los siguientes modos:
1) Expandiendo el uso de la retirada acelerada de los puertos de entrada a lugares en la frontera estadounidense, y
2) Aumentando la cantidad de tiempo que permite una tarjeta de cruce de frontera a una persona permanecer en Estados Unidos.
“Deseamos enviar un mensaje claro que las personas que siguen los procedimientos legales de inmigración se beneficiarán, mientras que los que decidan infringir las leyes de inmigración de nuestra nación serán expulsados rápidamente de EE.UU.”, declaró el Vicesecretario Hutchinson.
Retirada acelerada
Si bien la retirada acelerada ya se ha utilizado con eficacia en los puertos de entrada oficiales en EE.UU. desde 1997, no se ha aplicado a las fronteras terrestres entre los puertos de entrada. La expansión del procesamiento de retirada acelerada permitirá al DHS acelerar la retirada de extranjeros ilegales detectadas intentando entrar en los Estados Unidos de forma fraudulenta o intentando eludir a agentes de Patrulla de Fronteras de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Este nuevo procedimiento solamente será aplicable a las personas detenidas en un máximo de 100 millas de las fronteras mexicana o canadiense, y solamente si son detenidos durante sus primeros 14 días en EE.UU. El uso ampliado de la retirada acelerada está destinado principalmente a los extranjeros ilegales que no son ciudadanos mexicanos ni canadienses.
Cuando un individuo es detenido y puesto en procedimiento de retirada acelerada por un agente de Patrulla de Fronteras de CBP, será detenido y llevado a su país de origen tan pronto como lo permitan las circunstancias. El individuo no saldrá en libertad en EE.UU. en la mayoría de los casos, y no se brinda una audiencia en presencia de un juez de inmigración a menos que se determine que el individuo tiene un miedo
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